Dos empresas valencianas tendrán que pagar casi medio millón de euros por piratería

Según se ha publicado en Valencia Plaza, las empresas Vicedo Martí y Enfavi tendrán que pagar una indemnización de 453.000 euros por usar software pirata. Al parecer este sería el punto y final a un proceso que se puso en marcha en 2015 según el medio, ya que una queja a través de Internet puso en alerta a las autoridades sobre estas dos empresas.

Posteriormente se presentó una denuncia en el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante, que decretó el registro de las empresas y que acabó por condenarlas por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores. La cantidad que tendrán que pagar es una de las más altas en materia de indemnizaciones que se han visto en España.

Al parecer, la queja habría partido de un organismo internacional que persigue el uso de software pirata conocido como BSA, The Software Alliance. Se trata de una alianza mundial de distintos desarrolladores de software que opera desde 1989. Su sede central está en Washington DC, y tiene presencia en más de 80 países.

Esta alianza de fabricantes lleva a cabo dos tipos de acciones: por un lado concienciación contra la piratería empresarial, y por otro lado acciones de corte legal contra quienes incumplen las normas establecidas. No es la primera vez que la BSA toma cartas en la Comunidad Valenciana, ya que en 2015 avisaba al parque empresarial del territorio que el uso de software pirata se pena con la cárcel.

Pero, ¿cómo sabe la BSA qué empresas utilizan software pirata? Pues según declaraba al medio Carlos Pérez, abogado de la firma legal del organismo en España, “en un 60% de los casos suelen ser denuncias de ex empleados, o incluso de empleados actuales”. A través de la web de BSA se puede rellenar un formulario estándar de denuncia de libre acceso, aunque no se investigan todas:

Cualquier persona puede incluir sus quejas y BSA se encarga de remitirlas a sus consultorías legales, desde donde se analizan y se decide si tienen fundamento. De ellas, más o menos la mitad se descarta por falta de consistencia, pero el resto acaba en una investigación.

La mayoría de denuncias que llegan a los tribunales suelen ser contra empresas de gran envergadura, mientras que las pequeñas y medianas empresas suelen avenirse a un pacto económico, según se recoge. Si la empresa manifiesta una actitud colaborativa, se puede rebajar la sanción económica y se ofrecen incluso acuerdos de confidencialidad.

Vía | Valencia Plaza
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